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CEDES, con IPAS, REDAAS y UNFPA, desarrollan una estrategia de apoyo a la sanción
de una ley que reconozca la autonomía del ejercicio profesional de la Obstetricia y fije
estándares basados en las recomendaciones internacionales. Será un aporte a la salud pública y a la agenda de género en Argentina.

 

Las personas licenciadas en Obstetricia, en su mayoría mujeres, tienen la formación
necesaria para prestar el 90% de la atención de la salud sexual, reproductiva y no
reproductiva. Sin embargo, representan menos del 10% del personal, como
consecuencia de una deuda normativa con la regularización de la profesión y una
brecha de género que ubica a varones en los roles con más autoridad. El Centro de
Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) se une a Ipas, REDAAS y el Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina para impulsar un proyecto de ley que repare
esta situación.

En el país, a pesar de que 22 de las 24 jurisdicciones tienen regulada la profesión, las
competencias y la autonomía profesional reconocidas varían ampliamente. Con el
antecedente de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de un
proyecto para regular el ejercicio profesional de la Obstetricia en 2019, las
organizaciones ofrecieron asistencia técnica a ese órgano legislativo para promover un
proyecto que homogenice la normativa y la armonice con los parámetros
internacionales, lo que también permitiría un mayor y mejor acceso a la atención de
la salud de la población.

“Todas las normas internacionales de los organismos rectores de la salud pública
reconocen el importantísimo rol que juegan las obstétricas en la promoción, la
prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante,
la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva”, resaltó Silvina Ramos, socióloga,
investigadora titular de CEDES e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro en
Argentina (REDAAS).

El proyecto de ley busca reconocer la dignidad y autonomía de la Obstetricia como
una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar y subordinada
a la medicina. También busca incorporar cláusulas de actualización que promuevan
mejores condiciones para un ejercicio igualitario de la actividad en todo el país.

¿Cuál es la situación de las obstétricas en Argentina?
“Actualmente existe una regulación fragmentada y dispar de las competencias de la
Obstetricia en todo el país y muchas regulaciones son previas a la sanción de
importantes normas en materia de salud sexual y reproductiva, como las de parto
respetado y la interrupción voluntaria del embarazo”, explicó Sonia Ariza Navarrete,
abogada e investigadora adjunta de CEDES.

La disparidad de las normas tiene importantes consecuencias para las obstétricas y
para las pacientes. Uno de los aspectos en los que se encuentran diferencias entre
jurisdicciones es la participación en el parto: la mayoría de las regulaciones emitidas
desde 2010 permite a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin
intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero eso
no sucede con las normativas previas.

Tampoco hay una indicación normativa común sobre la prescripción, entrega o
colocación de métodos anticonceptivos (MAC), ya que sólo en la mitad de Argentina
las obstétricas están habilitadas para colocar o extraer MAC de larga duración.
Debido a que tienen una alta efectividad, en las provincias donde no está aclarada esa
competencia, las personas con capacidad de gestar tienen una limitación injustificada
en la accesibilidad a su derecho a la salud.

En cuanto al servicio de consejería, otra de las incumbencias recomendada para la
Obstetricia, está ausente en la mayoría de las provincias y las que la contemplan tienen
variaciones en su alcance. Algunas se limitan a la consejería anticonceptiva, otras
amplían su función a la salud reproductiva y unas pocas incluyen consejería en IVE/ILE.
Estas disparidades afectan directamente al derecho a recibir atención e información
en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva, además de generar
consultas innecesarias a otras profesiones de la salud.

El panorama de la Obstetricia se complejiza aún más debido a que “hay una
incongruencia entre la formación, la praxis y la ley”, señala Lidia Regina Fain,
licenciada en Obstetricia. En las actividades cotidianas cumplen, sin reconocimiento,
más tareas de las que estipula la norma, porque así lo demanda su compromiso con la
salud y los recursos disponibles.

La falta de regulación adecuada contribuye a la invisibilización del trabajo de la
Obstetricia y las condiciones laborales precarias, tal como describe desde Córdoba la
licenciada en Obstetricia Lorena Musicarelli: “Yo estoy sola en una guardia como la
única representante del Servicio de Obstetricia y atiendo desde un sangrado por una
menstruación abundante hasta un aborto en curso o un trabajo de parto”. Por eso, la
mejora normativa se vuelve urgente: “Con una ley que nos ampare, nuestro trabajo
tendría el marco legal para todas las prácticas que realizamos y que garantizan
derechos”, reclamó Valeria Plugoboy, licenciada en Obstetricia de Entre Ríos.
Una deuda por motivos de género

En Argentina, todavía se producen muertes de personas gestantes por complicaciones
evitables en el embarazo y el parto. Con una regulación profesional y la formación
adecuada, quienes ejercen la Obstetricia podrían proveer el 87% de los servicios
esenciales y evitar muertes o complicaciones.

Como la mayoría de quienes ejercen esa profesión son mujeres, el reconocimiento de la
autonomía y responsabilidad de la atención no siempre se consigue. Es, por lo tanto,
una deuda motivada por discriminación en torno al género, que se convierte en una
etiqueta que mide la valía profesional de las personas.
“Es importante recuperar la voz de las obstétricas porque saben lo que ocurre en los
territorios y en los cuerpos de las mujeres. Hay que recuperar esos saberes, muchas
veces deslegitimados por el sistema médico”, enfatizó Ruth Zurbriggen, activista e
investigadora de La Revuelta Neuquén.

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