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20/11/2019

Lamentable pedido de anulación al Protocolo de Interrupción legal del Embarazo

Con fecha 20 de noviembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 3158/2019 que aprueba la actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo por la Secretaría de Gobierno de Salud. REDAAS celebra la decisión del Secretario de Salud Adolfo Rubinstein de mostrar con consecuencia, su decisión personal e institucional de avanzar en los mecanismos para la garantía de los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. La decisión posterior de anular esa resolución, por el contrario, muestra lo peor de la mezquindad política.

(Buenos Aires – 20 de noviembre de 2019).  El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo es el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar, a los equipos de salud y a quienes toman decisiones dentro de los efectores del sistema sanitario respecto de los estándares de atención para garantizar el acceso a derechos contemplados en otras normas.  El Protocolo aprobado por la Resolución 3158/2019 aclara, brinda certeza y actualiza de acuerdo a la última evidencia científica disponible y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos y prestaciones que deben garantizarse ante la solicitud de un aborto, en los casos previstos por el Código Penal desde 1921. Asimismo, esta actualización de la norma sanitaria incorpora aspectos relativos al consentimiento informado de niñas, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2015.

Esta aprobación por resolución ministerial es una muestra del compromiso político de la máxima autoridad en materia de política sanitaria para clarificar lo que está vigente y dar pautas de actuación claras y precisas a los equipos de salud. Enfatiza las buenas prácticas garantes de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar y se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. No crea derechos nuevos, no amplía causales, no modifica leyes: establece con claridad la manera de garantizar el acceso a esos derechos que surgen de otras normas.

Desconocer la relevancia de las necesarias actualizaciones de los protocolos sanitarios por parte del órgano rector de las políticas sanitarias parece un sinsentido. La actualización incorpora la operacionalización del proceso de consentimiento informado para garantizar el derecho a ser escuchada, a la autonomía progresiva de adolescentes, a los derechos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en general a los principios bioéticos que deben seguir las prácticas sanitarias.

Por esto, desde CEDES, ELA y REDAAS apoyamos y celebramos la aprobación de la mencionada actualización y vemos con profunda preocupación la decisión del Presidente Macri de revocarla. El daño que esta falta de coherencia en la política sanitaria puede generar en la salud y el bienestar  de niñas, adolescentes y mujeres, no parece ser dimensionada por los actores políticos que la han promovido.

Así como el Protocolo recientemente actualizado no crea nuevos derechos, su derogación no los elimina. Sin embargo, lo que hace es generar incertidumbre en los equipos de salud, temor en las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que pudieran requerir el acceso a esa práctica, empujándolas una vez más a la clandestinidad y exponiéndolas a la violencia institucional.

Con una muestra de mezquindad y desprecio por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, Argentina se acerca al incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Una decisión que lamentamos.

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