Nadia Ferrari
2018/11/16 · 12:20

Comité de Expertas y la Relatora Especial de la ONU expresan su preocupación por el caso de Imelda Cortez en El Salvador

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, expresan su preocupación por la situación de Imelda Cortez en El Salvador, quien se encuentra privada de libertad desde abril de 2017 como resultado de una emergencia obstétrica. Su caso iba a ser analizado por un tribunal en Usulatán el pasado 12 de noviembre, pero la audiencia se aplazó para el 17 de diciembre de 2018 por ausencia de la fiscalía.



De acuerdo a la información recibida, Imelda ha sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro desde los 12 años sin ningún tipo de ayuda, reparación o acceso a la justicia, lo que resultó en un embarazo que presentó complicaciones en el parto. En el hospital, el cuerpo médico que la atendía reportó el caso a la Fiscalía de El Salvador. Como resultado, aunque su hija haya sobrevivido, Imelda es acusada de homicidio agravado en grado de tentativa y arriesga hasta 20 años de prisión.

Estos hechos ponen de manifiesto las claras limitaciones legales existentes en El Salvador en relación al tratamiento de las mujeres con complicaciones obstétricas en sus embarazos, quienes tienen que enfrentar la criminalización por parte del Estado, la violencia institucional y obstétrica por parte de los servicios de salud y la falta de acceso a la justicia en estos casos. Además, la postergación de la audiencia y consecuentemente, la prolongación de la prisión preventiva, dejan en evidencia una nueva violación a los derechos humanos de Imelda para acceder a la justicia.

A través de la Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos (2014), el Comité de Expertas del MESECVI ha recomendado eliminar de los ordenamientos jurídicos las leyes que perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, así como garantizar que no se reproduzcan conductas de maltrato e humillación en entornos institucionales, y que el personal de salud no revictimice o deniegue el acceso a los servicios de salud a las mujeres que los requieran.

En esta línea, el Art. 7 de la Convención de Belém do Pará establece que los Estados Parte deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

La Relatora Especial resalta que Imelda no solo es víctima de violencia sexual por parte de su padrastro, sino que también es víctima de la grave y sistemática violación a la Convención de la CEDAW por parte del Estado de El Salvador, "por perpetrar actos de violencia de género contra las mujeres a través de su mantenimiento deliberado de leyes penales que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, sometiéndolas a graves angustias físicas y mentales que pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos y degradantes" en la línea de las conclusiones del informe de Consulta sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/OP.8/GBR/1, solo disponible en inglés, traducción propia).

Por estas razones, estas Expertas se unen a la campaña de la sociedad civil para exigir que se garanticen los derechos humanos de Imelda. Igualmente, se insta al Estado de El Salvador a proteger y atender a las mujeres con complicaciones obstétricas y a liberar de prisión a Imelda y a cualquier mujer o adolescente en situaciones similares. En particular, se insta al Poder Judicial a proporcionar un efectivo acceso a la justicia aplicando la normativa internacional de derechos humanos de las mujeres, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW de Naciones Unidas, ambos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de El Salvador.

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