Nadia Ferrari
2018/11/12 · 16:08

Marcharán contra el proyecto para anular la ley ILE en Tucumán

Pese a que el Código Penal indica que la interrupción del embarazo está permitida en algunos casos excepcionales, en la Legislatura hay un proyecto que busca anular esa posibilidad. El lunes habrá una manifestación en contra de la iniciativa.

Por El Tucumano 

En las últimas horas trascendió un proyecto de la Legislatura  -firmado por 29 de los 49 parlamentarios provinciales- que busca prohibir expresamente los abortos en caso de embarazos por violación. La iniciativa generó polémica a nivel nacional y un grupo marchará en Tucumán en repudio a la propuesta.
 
Más de la mitad de los legisladores tucumanos impulsaron el tratamiento del proyecto -sin antecedentes en el país- para anular la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La medida fue duramente cuestionada a nivel provincial y nacional, ya que desconoce lo que indica el Código Penal. 
 
En 1921,  con la segunda reforma del Código Penal, se estableció en qué casos el aborto no es punible. A través de la misma se  pautó la no penalización de la interrupción del embarazo si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave; o en cualquier caso de violación, siempre que éste estuviera judicializado, y con el consentimiento de un representante legal si "la mujer fuera menor, idiota o demente".
 
Tras algunos vaivenes sobre el tema a raíz de los múltiples golpes de Estado en Argentino, en 1984, el Gobierno de Raúl Alfonsín sancionó la Ley Nº 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921, dado que durante los dos últimos gobiernos de facto se habían realizado modificaciones a la normativa. 
 
Además, en 2012, la Corte Suprema se pronunció con el fallo “F.A.L” y resolvió que todas las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que realice la práctiva. Asimismo, el fallo establece sólo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.

Pese a dichos condicionamientos legales, desde la Legislatura impulsaron el proyecto. Y tanto a nivel provincial como nacional, se alzaron voces en contra de la iniciativa
 
Ante el avance del proyecto que podría ser tratado próximamente en la Legislatura tucumana, el lunes a las 18 se realizará una manifestación en las inmediaciones de la Legislatura (25 de Mayo y Muñecas) para repudiar la medida. 
 
 
Un comunicado tajante
 
 
Desde las organizaciones Mujeres X Mujeres; Católicas por el Derecho a Decidir; Amnistía Internacional; CELS; ELA; Redaas; CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT emitieron un comunicado que expresa un rechazo total hacia la iniciativa de los legisladores tucumanos. 
 
"Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de Proyecto de Ley presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1.921 por el ordenamiento penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo", señala el comunicado de las organizaciones.
 
Asimismo, alegan que la interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico-burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, dado que a través del fallo “F.A.L”, la Corte ya ha condenado este tipo de exigencias y las calificó de “violencia institucional”.  "Asimismo, la violación del secreto profesional que alienta en el art. 21 del proyecto compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad  propia de toda relación sanitaria", advierten las organizaciones.

Asimismo, advierten: "Si bien este tipo de Proyectos de Ley  carecen de valor jurídico, denunciamos que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y  a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales".
 

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