Nadia Ferrari
2018/01/25 · 12:44

Tribunal de El Salvador confirma sentencia de 30 años en un caso de muerte fetal

Teodora del Carmen Vásquez fue condenada de homicidio agravado de su bebé recién nacido en 2008, pero ella asegura que el niño nació sin vida.

 

Un Tribunal de El Salvador rechazó la apelación de una mujer sentenciada a 30 años de prisión por lo que ella asegura fue el nacimiento de un niño sin vida.

Teodora del Carmen Vásquez, 37 años, dijo que estaba trabajando en 2007 cuando empezó a sentir un dolor intenso, seguido por sangrado. Pidió ayuda antes de desmayarse. Cuando recuperó la conciencia, estaba rodeada de policías que la acusaban de haber asesinado a su hijo al realizarse un aborto en un embarazo casi a termino.

Las autoridades acusaron a Vásquez de homicidio agravado por el vínculo cuando fue acusada en 2008. Sus abogados apelaron la sentencia, presentando testimonio que el bebé nació muerto.

La corte dijo que se basó en la conclusión de la autopsia del gobierno que indicó que la niña nació viva y asfixiada.

La organización sin fines de lucro Centro de Derechos Reproductivos, quienes tienen una campaña para la liberación de decenas de mujeres convictas por asesinato por emergencia obstétrica en El Salvador, aseguran que la decisión fue “otra cachetada en la cara para Teodora, quien nunca cometió un crimen”.

“La Corte salvadoreña sigue perpetuando la persecución criminal de mujeres que sufrieron complicaciones durante sus embarazos, negándoles su dignidad, derechos y libertad”, dijo Nancy Northup, presidenta y CEO del centro.

“La ley de aborto de El Salvador criminaliza y aprisiona incorrectamente a las mujeres. Hoy en día, la Corte salvadoreña decidió negarle a Teodora su debido proceso”.

El grupo de derechos humanos, Amnistía Internacional llamó la decisión un retroceso para la justicia.

“La trágica historia de Teodora es una triste demostración de todo lo que está mal con el sistema de justicia en El Salvador, donde los derechos humanos parecen un concepto extraño”, Dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía América.

“En vez de castigar a Teodora por ser una mujer, las autoridades de El Salvador deben mirar inmediatamente a las duras e indignantes leyes anti-aborto y tomar medidas para repararlas”.

El Salvador es uno de los países de Latinoamérica que tiene una prohibición total del aborto.

En 2014, una agrupación de ONGs, liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lazó la campaña online “las 17”, para pedir la excarcelación de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron acusadas de aborto ilegal y condenadas por asesinato. Tres mujeres han sido liberadas. Pero en julio, Evelyn Beatriz Hernández Cruz de 19 años, quien fue violada, fue sentenciada a 30 años de prisión por asesinato después de dar a luz a un bebé sin vida.

Las dos organizaciones han presentado dos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de “Las 17” mujeres.

“El Centro, Agrupación Ciudadana, y compañeros de todo el mundo seguirán desafiando a El Salvador en las cortes y en los organismos internacionales de derechos humanos hasta que Teodora y las demás mujeres sean liberadas”, dijo Catalina Martinez Coral, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Esta decisión de la corte no nos detendrá de seguir luchando por la libertad de Teodora, las 17 y todas las mujeres que fueron encarceladas injustamente bajo la anticuada ley de aborto de ese país”.

Un destello de esperanza de que El Salvador pueda anular su prohibición al aborto surgió a principios de este año cuando se introdujo un proyecto de ley que propone permitir el aborto en casos de violación o de trata de personas, cuando el feto es inviable con la vida o para proteger la salud o vida de la mujer. Recientemente, activistas salieron a las calles para protestar la prohibición total.

En Agosto, Chile votó a favor de eliminar la prohibición total del aborto y permitirlo bajo ciertas circunstancias.

 

Hace poco, Bolivia aflojó sus leyes para permitir a niñas y mujeres jóvenes a acceder al servicio de aborto hasta las semana 8 del embarazo. Antes del cambio de la legislación, el aborto solo era posible si la vida de la mujeres estaba en peligro. 

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