Nadia Ferrari
04/08/2020

El protocolo de interrupción legal del embarazo ya entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires

El plazo para que la normativa sea vetada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, venció este lunes a la medianoche. El mandatario adelantó que su administración impulsará medidas paralelas para reducir los embarazos no deseados.

Por Infobae

Luego de un periodo de cierta incertidumbre con respecto a este tema, finalmente el Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires este martes, ya que las autoridades locales decidieron no vetar la adhesión que fue aprobada por la Legislatura porteña a mediados de julio pasado.

A través de un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Facebook, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que, de forma paralela, su administración va a impulsar medidas para reducir los casos de gestación no deseada.

El mandatario local aclaró que él siempre fue “muy claro” en cuanto a su “posición personal frente al aborto”, del cual está en contra, pero remarcó que la Corte Suprema de Justicia estableció ciertas “causales” que autorizan esta práctica ante determinadas situaciones y eso “no puede soslayarse”.

En esta línea, recordó que "el 16 de julio la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión" de la Capital Federal al protocolo ILE por causas justificadas. 

“Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada”, agregó Rodríguez Larreta.

De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones “pro vida” en las últimas semanas, ya que este lunes a la medianoche venció el plazo legal para hacerlo.

No obstante, acompañó esa decisión con el anuncio de esas medidas complementarias para evitar, por ejemplo, la gestación no deseada y agilizar el sistema de adopciones. En ese marco, anticipó que trabajará para “garantizar que los métodos anti-conceptivos les lleguen a todas las personas” y para “profundizar las charlas con jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva en el marco de un proyecto de vida”.

Por otra parte, el mandatario también explicó que se va a implementar “un programa de derivación” para que las instituciones médicas de la Ciudad puedan acogerse a “la libertad de conciencia”, pero al mismo tiempo la persona que lo solicite pueda acceder a la interrupción del embarazo, si es que se encuentra dentro de las causales previstas.

Por último, se aclaró que “luego de las 24 semanas” de gestación, este protocolo “sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre”.

“Siempre he sido muy claro respecto a mi posición personal frente al aborto: creo que hay vida desde la concepción y creo que hay que hacer todo lo posible para resguardar esa vida. Al mismo tiempo, el Fallo de la CSJN (FAL/2012, en referencia a la interpretación del artículo 86 del Código Penal vigente) estableció causales para la interrupción legal del embarazo, que no pueden soslayarse cuando se trata de la vida de las mujeres en esa situación tan dramática. Todos los argentinos debemos hacer un esfuerzo por compatibilizar nuestras convicciones más profundas con algunas realidades que nos interpelan y ponen a prueba nuestro sentido de comunidad”, cerró el comunicado Rodríguez Larreta.

La medida fue votada por la Legislatura y, tal como lo establece la Constitución porteña, el Ejecutivo contaba con diez días hábiles, desde la recepción del documento enviado por el Parlamento, para promulgar la ley o vetarla, plazo que se cumplió a las 24:00 de este lunes.

Desde su sanción, agrupaciones denominadas “celestes”, que se oponen a la ILE y a la legalización del aborto, realizaron campañas en redes sociales y confluyeron en la Legislatura para pedir por la anulación de esta normativa.

Incluso la propia Bárbara Diez, esposa del jefe de Gobierno porteño, fijó también su postura contraria a lo aprobado por los diputados con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que consideró que “la Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia” y, al mismo tiempo, se aprobó “un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación”.

Qué establece el protocolo ILE

El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

Establece, entre otros cuestiones, que las personas gestantes que quieran acceder a una ILE solo deberán dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.

Agrega que “la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”, al tiempo que indica que “no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica”.

En los casos de niñas y adolescentes que sufrieron violación, indica que “la justicia sólo debe intervenir para proteger” a las víctimas por la situación de abuso y “para la sanción del victimario”.

“No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente”, aclara la norma.

Y plantea que el “profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio”.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo; y como consecuencia regía una guía de procedimiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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