Nadia Ferrari
16/06/2020

Carta de la sociedad civil en apoyo a las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud

Organizaciones de la Sociedad civil de distintos países de Latinoamerica enviaron una carta a las oficinas de USAID en América Latina mostrando nuestro repudio ante la carta enviada por la gestión de Trump y de USAID demandando groseramente a la OMS para que deje de atender la salud sexual y reproductiva.

(03 de junio de 2020) - Estamos escribiendo para registrar nuestra indignación ante la carta del Administrador Interino de USAID, John Barsa, dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigiendo que la ONU elimine la referencia a la "salud sexual y reproductiva" de la orientación del Plan de Respuesta Humanitaria Global (HRP) sobre COVID-19. La eliminación de esta redacción no es simbólica: tendrá un impacto perjudicial en las personas que necesitan y dependen de los servicios de salud sexual y reproductiva. Estamos profundamente preocupadas por el impacto en la salud y los derechos humanos de esta solicitud, que se produce al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos está atacando a la OMS y amenazando con congelar los fondos en medio de la pandemia de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 continúa teniendo efectos de largo alcance en todo el mundo, con impactos desproporcionados en las mujeres, las niñas y las personas no conformes con el género, particularmente de las poblaciones marginadas. El acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, que incluyen anticoncepción, aborto, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y cánceres reproductivos, diagnóstico y tratamiento del VIH, atención de afirmación de género y atención de maternidad, sigue siendo imprescindible durante la emergencia de salud COVID-19. Es, de hecho, una cuestión de vida o muerte. El UNFPA estima que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán usar anticonceptivos modernos si el bloqueo promedio, o la interrupción relacionada con COVID-19, continúa durante seis meses con interrupciones importantes en los servicios. Se prevé que estas interrupciones en el acceso a los servicios ocasionen hasta siete millones de embarazos no deseados, lo que aumenta aún más la necesidad de servicios de aborto y atención de maternidad de calidad. Además, incluso los modelos menos severos indican que una reducción en las intervenciones esenciales podría resultar en miles de muertes maternas e infantiles adicionales.

La evidencia emergente de numerosos países demuestra que la demanda de estos servicios continúa e incluso ha aumentado durante la pandemia. Sin embargo, ese acceso está siendo interrumpido por las directivas gubernamentales, incluidas las cuarentenas y los límites de movimiento, las presiones sobre los sistemas de salud y los trabajadores, el cierre de instalaciones de salud, el desabastecimiento de productos básicos, las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y los temores de las personas de ir a clínicas debido a los riesgos potenciales de exposición y estigmatización. El acceso limitado a la atención médica en muchos países de bajos y medianos ingresos se ve exacerbado por las políticas existentes en los EE. UU., como la Global Gag Rule y la financiación del UNFPA, que han dañado los sistemas de salud al forzar el cierre de clínicas, fragmentar la prestación de atención y reducir acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, la anticoncepción y el acceso a pruebas y tratamiento del VIH, entre otros.

En varios países, incluido EE. UU., los gobiernos han tomado medidas para restringir los servicios de SDSR y, en particular, la atención del aborto, utilizando COVID como pretexto. Mientras tanto, continúan las violaciones de larga data de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente entre las comunidades marginadas, como las políticas y leyes discriminatorias nacionales e internacionales y la denegación de acceso a información y servicios integrales y de calidad.

La evidencia también revela que la crisis de COVID-19 está contribuyendo a un aumento alarmante de la violencia sexual y de género, particularmente la violencia de pareja, en todo el mundo. En países que experimentan bloqueos y restricciones de movimiento, las mujeres y niñas que están atrapadas en situaciones violentas enfrentan desafíos para acceder a los servicios críticos que necesitan. Se espera que esta crisis retrase significativamente la respuesta global a la violencia de género, con un resultado de hasta 31 millones de mujeres más. El vínculo entre la violencia y los malos resultados de salud sexual y reproductiva está bien establecido.

Finalmente, las mujeres y niñas que están en la primera línea de las respuestas de COVID-19, incluidas aquellas que brindan atención esencial de salud sexual y reproductiva, continúan careciendo del equipo de protección personal, el apoyo financiero y la protección social que necesitan. A nivel mundial, las mujeres representan el 98% de las enfermeras y la mayoría de cuidadoras no remuneradas, cuyo trabajo está valorado en casi 1.3 trillones de dólares al año. La equidad de género en la fuerza laboral social y de salud es fundamental para tener sistemas de salud fuertes y resistentes y garantizar el acceso a una atención de calidad para todas las personas.

Las Naciones Unidas y especialmente la OMS han desempeñado un papel oportuno y crucial en la respuesta multilateral, brindando orientación científica a los países, coordinando la asistencia financiera y técnica y apoyando los esfuerzos críticos de investigación. El papel de la ONU y la OMS en el tratamiento de COVID-19 ha sido esencial para ayudar a los países a responder rápidamente a la pandemia y establecer medidas que apoyen el cumplimiento del derecho a la salud para todos según lo acordado en la Constitución de la OMS. Especialmente en este momento crítico, tanto el trabajo específico de la OMS como el trabajo general de la ONU y su HRP deben estar protegidos y totalmente respaldados, para evitar una escalada aún mayor de la pandemia.

El HRP tiene razón al proporcionar orientación a los países en que el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva debe ser prioritario y es esencial. De hecho, sería una violación grave de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la salud, y contradiría toda la evidencia disponible, si no fuera así. La experiencia pasada con emergencias de salud muestra que si los gobiernos no garantizan el acceso a estos servicios críticos y urgentes, el aumento inevitable del aborto inseguro y la mortalidad materna son el resultado inevitable.

Los gobiernos han acordado durante más de 25 años que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de aborto, y proteger los derechos reproductivos, son imperativos tanto de salud pública como de derechos humanos. Las afirmaciones cínicas del gobierno de EE. UU. de que estos servicios no son esenciales y están "ampliamente controvertidos" contradicen los enfoques sólidos de salud pública, los principios de derechos humanos aceptados y los datos sobre la demanda de estos servicios, incluso en tiempos de crisis. Los gobiernos de todo el mundo continúan tomando medidas para proteger y ampliar el acceso a la atención integral de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. La declaración conjunta de 58 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la sensibilidad de género en la crisis de COVID19, emitida el 6 de mayo de 2020, demuestra ese apoyo.

La demanda del administrador interino Barsa de que la ONU elimine la referencia a "salud sexual y reproductiva" del Global HRP ignora una respuesta basada en evidencia a la pandemia de COVID-19. La Administración Trump está utilizando la crisis actual para avanzar en su agenda no científica y de derechos humanos, y para perseguir una ideología extrema que se ha convertido en el sello distintivo de su visión de la política exterior de Estados Unidos. La ONU y la OMS deben rechazar estos esfuerzos y continuar promoviendo una respuesta al COVID19 que defienda compromisos de larga data con la salud, los derechos humanos y la igualdad de género.

Considere esta carta como la expresión de apoyo más fuerte posible para el trabajo continuo y el liderazgo global de las Naciones Unidas y la OMS durante esta pandemia, y para el compromiso firme e incondicional con la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y personas no conformes con el género alrededor del mundo.

 

Firmado por las siguientes organizaciones

  • ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas de Chile), Chile
  • Affidare, Perú
  • AMES - Asociación metropolitana de generalistas y equipo de salud, Argentina.
  • Amnistía Internacional, Latinoamérica y el Caribe
  • Anis - Instituto de Bioética, Brasil
  • Área Salud del CEDES - Centro de Estudio de Estado y Sociedad, Argentina
  •  Asociación de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, El Salvador
  • Campaña 28 de septiembre, Bolivia Casa de la Mujer, Bolivia
  •  Católicas pelo Direito de Decidir Brasil
  •  Católicas por el Derecho a Decidir Colombia
  • Católicas por el Derecho a Decidir Perú
  •  Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
  • Centro de Promoción y Defensa de los Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, Perú
  • Colectivo "Género y Teología para el Desarrollo", Bolivia
  • Colectivo para la participación de la infancia y juventud - COPIJ, Guatemala
  • Colectivo Rebeldía, Bolivia
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM, Latino América y el Caribe Consorcio Boliviano de Juventudes, Bolivia
  • Corporación Miles, Chile
  • El Colegio de México, México
  • ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina
  • Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú
  • Fundación Desafío, Ecuador
  • Fundación ESAR, Latinoamérica y el Caribe
  • FUSA AC, Argentina
  • Hábitat Mujer Salud, Colombia
  • Hesperian, EEUU
  • Instituto de Salud Popular (INSAP), Perú
  • Ipas Bolivia
  • Movimiento Manuela Ramos, Perú
  • Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
  • ODISEX Perú
  • Oriéntame, Colombia
  •  Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Chile
  • Red de profesionales de la Salud por el derecho a decidir, Argentina
  • REDAAS - Red de Acceso al Aborto Seguro, Argentina
  • SENDAS, Ecuador
  • Surkuna Ecuador Taller Salud, Puerto Rico

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