03/02/2020

El delito de aborto afirma la subvaloración de la vida de las mujeres

Está abierto, de nuevo, el debate sobre el aborto en Colombia. Es lógico esperar que la Corte Constitucional avance sustantivamente en la despenalización total.

 
Por Ana Cristina González Vélez, para La Silla Vacía
 

La persistencia del delito de aborto refleja la desconfianza de nuestro código penal -y de nuestros jueces- en la capacidad moral de las mujeres y revela el menor valor que se asigna a su vida biográfica cuando se trata de la elección sobre la continuación o no, -voluntaria- de un embarazo.

El aborto es un delito que produce una ambigüedad casi imposible de superar para la práctica de los profesionales de la salud que deben convivir con la obligación de asegurar un derecho fundamental al aborto en tres circunstancias, mientras que al mismo tiempo pende sobre ellos y sobre las mujeres que atienden, la amenaza del crimen de aborto.

Este hecho constituye una barrera estructural y la base de muchas de las otras barreras que deben enfrentar las mujeres que han tomado la decisión de abortar. Por ello, en Colombia, pese a los cambios favorables, el aborto se sigue viendo como una práctica reprobable que contraría el ideal femenino de la maternidad y lleva a que en los servicios de salud las mujeres sean señaladas y discriminadas cuando solicitan servicios de aborto.

Las fallas en el sistema de salud se derivan, en buena medida, del carácter parcial de la despenalización del aborto pues aunque el sistema de salud colombiano ha incorporado todas las prestaciones necesarias para garantizar procedimientos seguros, la persistencia del delito produce barreras de acceso, sub-registro de casos y obstrucción de servicios bajo el argumento de la objeción de conciencia y el temor al estigma, afectando mayoritariamente a las mujeres que viven en ciudades apartadas y en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Las barreras para el ejercicio del derecho a la IVE llevan implícito el estigma que afecta tanto a las mujeres que solicitan los servicios como a los prestadores que los realizan, y se afinca, de un lado, en la declaración del aborto como un delito y de otro, en un orden cultural en el cual interrumpir el embarazo cuestiona radicalmente los ideales de feminidad asociados con la maternidad abnegada. Esta valoración moral instala una falsa dicotomía, pues las razones de las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo y las de los prestadores de servicios de aborto, también están profundamente cimentadas en la conciencia.

Por otro lado, las regulaciones sobre aborto son objeto de disputa a nivel global y en América Latina tanto como lo es el acceso de las mujeres a servicios seguros de aborto. Esta disputa se expresa en la existencia de una “plétora retorcida de leyes y restricciones en torno al aborto que no tienen sentido ni desde el punto de vista legal ni de la salud pública.” (Berer, 2017).

Así, mientras que cerca de un tercio (29 por ciento) de los países del mundo en desarrollo permiten el aborto por la sola voluntad de la mujer, en América Latina sólo Uruguay, el Distrito Federal en México y Oaxaca lo permiten por esta razón.  Ello sin tener en cuenta que, aunque la mayoría de los abortos tienen lugar durante el primer trimestre (entre 81 y 97 por ciento), la garantía del acceso al aborto temprano, en algunas circunstancias, no es suficiente para reducir los abortos que efectivamente ocurren en los periodos más avanzados de la gestación.

Es decir que, algunos abortos se han de garantizar en estas etapas pues existen razones apremiantes para ello. Y aunque podríamos de cada una de estas afirmaciones, esgrimir más razones y escribir muchos artículos, acá me interesa explicar que en verdad la vida de las mujeres que rehúsan un embarazo o el destino de la maternidad tiene menos valor en las sociedades contemporáneas (González, 2020).

En las regulaciones sobre aborto, el valor que se asigna a las vidas, es decir, la biolegitimidad, opera así: (i) el feto representa el interés preferente en las normas restrictivas sobre aborto pues es el punto de partida de todas ellas; su legitimidad es otorgada a partir de una sobrevaloración de la vida biológica —el zoe—; (ii) la vida de las mujeres que rehúsan la maternidad emerge con un menor valor con respecto al feto y cuando aparece, su valor está asociado a la vida biológica y supeditado a “causales o plazos”; y (iii)  la vida biográfica —la bios— es la dimensión subordinada en cuanto al valor que se le asigna (Fassin, 2003, 2007, 2009, 2010).

De ahí que las normas restrictivas sean informadas por la biolegitimidad al menos de tres maneras: por el mayor valor que se otorga a la vida biológica prenatal subordinando a éste las vidas de las mujeres y sirviendo de justificación a la protección que le otorga el estado negándoles su autonomía; por el valor diferencial que se otorga a la vida biológica y biográfica —de las mujeres; y por el menor valor que se otorga a la vida de ciertas mujeres en tanto [las normas] crean, reproducen y sostienen las desigualdades entre mujeres.

El modelo de indicaciones, excepciones o causales que existen en América Latina con grados variables de permisión (y entre los que se incluye a Colombia), justamente se fundamenta en criterios asociados al valor de la vida como biología. Las indicaciones se basan en la existencia de un “riesgo para la vida” o un riesgo para la salud a veces física, a veces mental y más escasamente para la vida social de las mujeres; o cuando existe una malformación o anomalía fetal que le da al feto posibilidades de sobrevivencia o una vida “con calidad,” o una anomalía que podría poner en riesgo la salud de la mujer.

Algunas autoras consideran que el modelo de indicaciones “está construido desde la perspectiva unilateral del alto valor reconocido por el ordenamiento jurídico a la vida prenatal que se sitúa como objeto de tutela preferente a cualquier otro, incluidos los intereses de la propia embarazada cuyas aspiraciones de respeto se ven relegados a la condición de excepciones.”(Laurenzo Copello, 2012)

En estos casos, la aplicación de las causales o indicaciones, además, depende del juez que, por ejemplo, certifique o reciba la denuncia en los casos de violación —más no de la palabra de la propia mujer— o del médico que reconozca y de valor al relato de ésta o que por el contrario se oponga con criterios científicos afirmando que no coinciden la información biológica de la edad gestacional y la fecha en que la mujer reporta la violación, o que no existe tal gravedad en el riesgo que afronta la mujer para su salud o su vida.

Así, el valor asignado a la vida —en grados variables entre la biología y la biografía— está sujeto al papel de un tercero que suele actuar como intérprete y que habrá de confirmar, certificar o autorizar si existe o no tal riesgo para la salud o para la vida.

Pero aún en el modelo de plazos en el cual durante un período de la gestación se permite a las mujeres abortar por su sola voluntad, al menos dos elementos ponen en cuestión y fragilizan el valor que se asigna a las mujeres y a su biografía en este modelo: (1) la tutela que instituyen mediante requisitos que llevan a que la “zona de libertad” que las mujeres tienen para determinar su proyecto de vida, sea una zona intervenida “arbitrariamente” por la tutela moral de los “profesionales” y expertos que comparten con ellas esa libertad.

Y (2) la determinación arbitraria y variable de los plazos que en ausencia de razones científicas o jurídicas consistentes para determinarlos se fundamente en razones arbitrarias como, por ejemplo, el paso de embrión a feto, o la semejanza morfológica entre el feto y la persona humana, la viabilidad fetal o la confusión deliberada entre feto y persona humana.

Parece entonces lógico esperar que la Corte Constitucional avance sustantivamente en la despenalización total del aborto, eliminando este delito, de manera que se eliminen las restricciones frente al aborto puesto que constituyen un acto de desconfianza frente a las decisiones de las mujeres y a su capacidad moral para tomar decisiones sobre sus cuerpos reconociendo de esta manera que el derecho de la mujer a decidir no es solo una “libertad positiva (abortar) sino negativa para no ser constreñida contra su voluntad, a una maternidad impuesta”.

No se puede seguir aplazando la defensa de la maternidad como una experiencia de las mujeres a quienes corresponde el destino del embarazo desde su “subjetividad moral” -la misma con la que han abortado históricamente y siguen abortando pese a las prohibiciones y el castigo con que se las amenaza-. El delito de aborto resulta innecesario y en ningún caso puede entenderse como un mecanismo para regular esta práctica que ha acompañado y acompañará la vida de miles de mujeres. Es posible regular con plazos y causales y ser más eficaz y justo, en ausencia del delito.

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