10/01/2020

Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva: la guardiana de los derechos feministas

ENTREVISTA Flamante directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla vuelve al cargo que ocupó entre 2005 y 2007, ahora con la herramienta fundamental y actualizada del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), para garantizar el acceso a ese derecho en todo el país. En su agenda figuran el fortalecimiento del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, la provisión de insumos y la actuación de un grupo de trabajo de acceso al aborto legal trabajando en línea directa con referentes de Salud Sexual y Reproductiva de todas las provincias.

 

Por Roxana Sandá para Las 12 (Página 12)

Una niña de 10 años dio a luz esta semana en el Hospital Materno Neonatal de Misiones y con 37 semanas de gestación, a un bebé de 2,800 kg producto tras ser abusada por su hermanastro de 15 años. Al nacido debieron internarlo en Neonatología, mientras que ella permanece en el hospital recuperándose de la cesárea que le practicaron. Cuando esta entrevista comenzó a escribirse, el ministro de Salud, Ginés González García, ya había anunciado la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la niña se encontraba internada en el Materno Neonatal desde noviembre, acompañada por su madre. Se presentó con fuertes dolores abdominales y un embarazo de siete meses, y la posibilidad de ILE fue descartada por los profesionales que la atendieron. Durante 2018, nacieron en esa provincia 198 bebés de niñas menores de 14 años, una cifra que hasta hoy no logró mover ningún amperímetro político de salud. “Son casos sistemáticos a nivel regional y es impresionante la invisibilidad que tienen estas niñas víctimas de abuso sexual”, decía a Las12 la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, casi al mismo tiempo que un centenar de ginecólogos hacía fila en el Registro de Objetores de Conciencia que habilitó el Colegio Médico de Misiones tras el anuncio de González García. “No hay conciencia de la catástrofe que significa el abuso de una niña”, lamentó Isla, que vuelve al mismo puesto que ocupó entre 2005 y 2007.

En Corrientes, una de las provincias que no adhieren al Protocolo de ILE, otra niña de 11 años cursa un embarazo de seis meses por los abusos sexuales reiterados de su primo.

-Se habla en abstracto y hay que poder situarse en la realidad de una niña, con un entorno donde la persona que debería cuidarla es quien la está abusando. La problemática del abuso genera un efecto terrible, y eso está invisibilizado. Ni qué decir que una vez que esto ocurre hay una segunda catástrofe: a esas niñas no se les brinda la posibilidad de acceder a una ILE. En estos casos ingresarían por dos causales además del Código Penal, por violación y por salud integral, porque cualquier embarazo de menores de 15 años conlleva riesgos. Pero además de la invisibilización, en el caso de Corrientes también hubo pérdida de oportunidades, porque la madre de la niña había denunciado en octubre al agresor, y sin embargo en ese mismo momento y con una gestación menos avanzada, nunca se le facilitó el acceso a una ILE. Encima se naturaliza la idea de que esas niñas pueden transitar estos embarazos de riesgo. Las obligan a construir maternidad y la idea de hijo, y es una reproducción sistemática de la violencia porque se las obliga a tener a esos chicos y a criarlos. Desde la Dirección vamos a trabajar estos temas en la línea de acceso a la ILE, pero no sólo desde el sistema de salud sino también desde el sistema de protección de niñez y adolescencia.

¿De qué manera?

-Muchas veces los embarazos llegan muy avanzados al sistema de salud, si bien tienen derecho de acceso a la ILE. Entonces, tanto en la escuela como en el sistema de protección, las secretarías de Niñez y Adolescencia municipales y provinciales, deben indagar para detectar situaciones de abuso, y para eso hay que formar a lxs profesionales. Tienen que ampliar el foco y el marco conceptual. Hay que comprender cuál es la dinámica del abuso y mirar desde temprano la posible situación de embarazo forzado para detectar y referir rápidamente al sistema sanitario y comprobar si existe embarazo o no, poder considerar como un derecho de esa niña el acceso a la ILE y para abordar también posibles infecciones y otros problemas de salud de esas víctimas, porque generalmente este tipo de abusos es sistemático y de larga data. En la Argentina, a partir de la incorporación de la ESI en las escuelas se empezó a romper el secreto y se fueron develando situaciones. El tratamiento en los medios también es importante, lo hablamos con Cecilia Merchán (a cargo de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), y vamos a trabajar en conjunto algunas de estas cuestiones.

Pero también debe asegurarse la implementación efectiva del Protocolo en todo el país, para neutralizar las estrategias antiderechos.

-Hay provincias que están trabajando muy bien, y es la primera vez que tenemos Resolución, le da otra institucionalidad. La idea es que sea el punto de inicio para fortalecer los servicios. Además, hay muchas redes de la sociedad civil y equipos profesionales que acompañan este proceso para la autonomía de las mujeres y garantizan derechos, como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y Socorristas. Queremos valorar a aquellos equipos que en algunos casos fueron atacados y que cumplen con la ley, y sumar a otros que tienen dudas o les faltan conocimientos, para garantizar esta práctica.

Con la Resolución nacional, las provincias no podrían argumentar que deben dictar su propia resolución para aplicar el Protocolo.

-No es necesario. El marco regulatorio que rige para todo el país es el del Código Penal de 1921, el fallo F.A.L., que aclara de una manera diáfana, y el Código Civil y Comercial. El Protocolo no genera nueva normativa, es una herramienta operativa y concreta para que sea interpretada rápidamente por el sistema de salud y para los equipos de las provincias que adhieran, porque también está actualizada con la mejor evidencia científica, y ubica a cada provincia en un estándar más alto de calidad. Ahora bien, si hay algunas que se resisten, como lo hemos visto en estos días en las discusiones de legislaturas provinciales o en las presiones de los movimientos provida, eso no las exime de la obligación de aplicar las normas regulatorias superiores. Pero deja a sus equipos de salud en un lugar de incertidumbre y tironeo, y no se garantizan los derechos a niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Como por ejemplo los obstáculos a la autonomía de las niñas menores de 13 años, o las resistencias a la ILE por parte del entorno familiar .

-Claro. En el caso de las niñas menores de 13 años, el nuevo Código Civil y Comercial incorpora una concepción de familia tomada de la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se habla de familia ampliada y que tiene que ver con el derecho de esa niña a ser oída al señalar su referencia afectiva, que puede ser una vecina, una prima, una docente. Esto es muy importante sobre todo en los casos de abuso, porque la mayoría son intrafamiliares. Y cuando la mujer tampoco quiere que su hija menor de 13 años acceda a una ILE y tenemos al violento en el núcleo familiar, el Código Civil y la Convención se centran en garantizarle a esa niña sujeta de derechos su voz y su autonomía progresiva.

¿Las ministras y ministros provinciales Salud se muestran receptivos?

-Noté una postura de escucha y el cambio significativo de la provincia de Buenos Aires, en proceso inminente de adhesión al Protocolo. Otras siguen dialogando. La meta es concertar para ampliar derechos en cada provincia, brindando asistencia técnica y trabajando con las y los referentes de Salud Sexual, pero también interviniendo en situaciones concretas junto con las áreas provinciales para lograr el accesoAsí como lograr el estímulo a la producción de misoprostol, la producción en agenda de mifepristona y la disponibilidad de toda la medicación que cambió rotundamente el acceso a la ILE. Con el restablecimiento del plan Remediar vamos a poder recomponer el sistema de aseguramiento de insumos. En el caso de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE), sería óptimo poder entregarla junto con el preservativo en forma anticipada, que mujeres y adolescentes las lleven en sus carteras. La AHE es el único método anticonceptivo no abortivo post relación sexual altamente efectivo. Los métodos de larga duración, como implantes, tienen altas ventajas en términos de efectividad y de prevención de embarazos, y el Dispositivo Intra Uterino (DIU) también es un método noble. Contamos con la asistencia técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas, y con Mariana Isasi, la responsable regional, que nos van a acompañar para mejorar el estándar del sistema de aseguramiento de insumos y para pensar las preferencias de las mujeres según regiones.

¿Qué impacto tendrá el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), ahora que depende de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva?

-Si bien seguimos articulando con el sistema de protección que coordina la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), con el Ministerio de Educación y con la Dirección de Adolescencia, nos permite tener un impacto más alto en líneas fundamentales. El ENIA es un ejemplo de transversalidad, con experiencia en desarrollo de insumos y monitoreo, con equipos técnicos feministas y muchos sectores apoyando en once provincias priorizadas del NOA y NEA, donde el embarazo adolescente es más elevado, y en provincia de Buenos Aires.

Solés hacer hincapié en la urgencia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta fundamental en la vida de las personas, pero es uno de los frentes más resistidos por los sectores antiderechos.

-Porque la ESI se mete con el tema de la distribución del poder al interior de la familia. Cuando decimos que la niña, el niño, es sujetx de derecho, estamos diciendo que el poder de las madres, de los padres, de los progenitores, del adulto, disminuye. No disponen de los cuerpos de lxs chicxs o de sus vidas de manera indiscriminada. Hay un sujetx con derecho a ser escuchadx, con autonomía. Entonces esta disputa de poder genera muchísima resistencia. Aparece la idea de familias ampliadas, familias ensambladas, familias diversas, que en las provincias es más resistida. Se toma la ESI desde la religión para controlar los cuerpos, en vez de garantizar derechos, pero es una herramienta que ayuda a abrir canales de comunicación, a hacer vínculos más democráticos, a disminuir los niveles de violencia que hay en el maltrato de todo tipo hacia lxs pibxs, y además brinda información muy precisa, porque la autonomía progresiva también hay que poder acompañarla con evidencia científica, y poder estar abiertxs a las preguntas de lxs pibxs, y acompañar ese desarrollo. Lo que pasa es que hay tensiones y conflicto de intereses. Pero la ESI no se trata únicamente de la sexualidad puesta en lo corporal, sino que va abriendo una posibilidad de que pensemos los vínculos de una manera no binaria. O sea que da la posibilidad de construcción de un sujeto más crítico y no sólo centrado en la genitalidad. Pero muchas veces los grupos extremistas antiderechos no permiten dialogar. Habrá que ayudar a comprender que aquí no se está obligando a nadie a hacer lo que no quiera, pero eso no puede implicar que otras y otros vulneren o avasallen los derechos del resto.

¿Cuáles son los lineamientos de atención y asistencia a personas trans, travestis y bisexuales?

-Producción de materiales, capacitaciones, asistencia técnica a servicios más cercanos a la población trans, compra de insumos. Tenemos muchas adolescentes que están en proceso de transición a las que debemos acompañar. Desde el Ministerio se está reevaluando cuál es la línea más integrada y coordinada para brindar respuesta a este colectivo que tiene diversidad de demanda en los servicios de salud. También vamos a articular con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad para que fijen líneas rectoras y nosotrxs podamos acompañar desde el componente salud para que accedan a servicios que garanticen derechos, generen buen trato y no discriminen, que puedan escuchar las demandas del colectivo de la diversidad. Coexistir con lo heterogéneo nos permite garantizar que hay cierta democratización y diferentes voces.

Siempre remarcaste cuánto tuvo que ver en todo esto la lucha de los feminismos.

-Porque siento que cuando unx ocupa un lugar de coordinación o de dirección en el Estado, muchas veces las y los funcionarios creen que el mundo empieza ahí y con una concepción de que el Estado tiene que bajar indicaciones jerárquicamente, cuando en realidad en esta área la salud sexual y reproductiva tiene una agenda construida por el feminismo. Al principio eran unas pocas las pioneras, pero hoy son los feminismos populares, la marea verde, que marcan la agenda y nosotrxs tratamos de responder técnicamente. Y son también parte de la conducción en el sentido de fijar prioridades, de asignar presupuestos. Tiene que ver con un espacio más amplio. Se da especialmente en salud sexual y reproductiva y en el acceso al aborto legal en la Argentina y en América Latina. Desde redes de científicas feministas hasta organizaciones acompañan validando protocolos, analizando normas, compartiendo experiencias. No lo viví en ningún otro sector con tanta generosidad y transversalidad. Y ése es un valor que trato de cuidar, para sostener la agenda de la salud sexual y reproductiva frente a compromisos e intereses sectoriales.

No puedo dejar de preguntarte cuáles son tus expectativas sobre la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito

 

-Por supuesto, que se pueda aprobar la ley, pero hoy el objetivo es consolidar servicios que brinden acceso a la práctica de ILE conforme a los estándares nacionales, con la normativa que tenemos y con calidad médica. Es condición necesaria ir trabajando con los servicios, con los centros de atención primaria y con los equipos para que en el momento que haya ley, se amplíen las causales y el acceso. Si no tuviéramos esta etapa, no ganaríamos tiempo. Estamos preparando las condiciones y generando una cultura de derechos, donde una ley aprobada de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) va a generar un impacto muy alto en el acceso de las mujeres, pero tenemos que trabajar el sistema de salud. Una ley mejoraría muchísimo la autonomía de las mujeres y el acceso a la práctica en las primeras semanas de identificado ese embarazo no deseado, porque la dilación es contraproducente para toda persona con capacidad de gestar. Va a legitimar un proceso en la sociedad. Esperamos que desde el movimiento de mujeres podamos, junto con legisladoras y legisladores, avanzar con la voluntad política, y el Presidente planteó que va a enviar un proyecto. Lo importante es que haya un buen proyecto que amplíe derechos.  

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  • Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva: la guardiana de los derechos feministas
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