19/12/2019

Cuando informar sobre el aborto seguro puede salvar vidas

Los Gobiernos tienden a limitar las libertades cuando sus agendas políticas se ven amenazadas. Brasil es uno de ellos.

Por Beatriz Galli (*), para El País

En los últimos dos meses, un tribunal ruso ordenó a una plataforma de redes sociales que  bloqueara a grupos LGBTIQ para que no compartieran información; un académico en Turquía fue enviado a prisión por publicar un artículo sobre los vínculos entre la contaminación del agua y las altas tasas de cáncer en la región, y las autoridades de Bangladés restringieron el acceso de los refugiados rohingya a los servicios de telecomunicaciones móviles. Aunque 117 países de todo el mundo han adoptado leyes integrales que apoyan el derecho a la información, todavía existe una tendencia entre los Gobiernos de limitar las libertades cuando sus agendas políticas se ven amenazadas, y Brasil es uno de los perpetradores.

En septiembre, la revista digital brasileña AzMina publicó una historia titulada ¿Cómo se realiza un aborto seguro?, brindando a los lectores información sobre varios métodos fiables, incluido el realizado con medicamentos, de acuerdo con los estándares de salud global. Estos estándares detallan cómo usar los medicamentos y explica cuándo puede ser autoinducido, destacando la seguridad y la eficacia cuando las mujeres reciben información precisa. La pieza de AzMina también contó la historia de Rebeca Mendes, la primera mujer en Brasil en solicitar una interupción voluntaria basada en necesidades personales y no médicas, y que viajó a Colombia para llevarla a cabo de forma legal después de que la Corte Suprema de Brasil se lo denegase.

En una reacción rápida, la ministra de Mujeres, Familia y Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, acusó a la revista de promover el aborto en las redes sociales, un delito bajo el Código Penal del país. La ministra Alves, que también es pastora evangélica, presentó una denuncia contra la revista en la Ouvidoria del Ministerio Público pidiendo una investigación policial. La divulgación de información sobre las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la atención segura al aborto es legal. El derecho a la información, el derecho a la salud y el derecho a la atención en salud sin discriminación están protegidos por la Constitución Federal de Brasil.

La información que AzMina publicó sobre la interrupción del embarazo puede salvar vidas, tanto en Brasil como en todo el mundo. Las mujeres tienen poco o ningún acceso a información confiable y las barreras para el acceso a métodos seguros afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables. Brasil es muy restrictivo y solo permite realizarlo en circunstancias específicas: si la vida de la mujer está en riesgo, si el embarazo es el resultado de una violación y, más recientemente, si el feto tiene anencefalia (sin encéfalo). Esta legislación restrictiva no evita que haya abortos clandestinos: más de medio millón de mujeres aborta de manera insegura cada años en Brasil.

Como resultado, más de 200,000 de estas mujeres experimentan complicaciones que requieren servicios de emergencia, lo que supone un coste anual de casi 10 millones de dólares al sistema de salud pública de Brasil. A su vez, las crecientes medidas para promover los papeles de "las mujeres tradicionales" como madres y cuidadoras, y la falta de voluntad política para proteger sus derechos reproductivos han contribuido a hacer del país uno de los peores del mundo en la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

El ataque de la Administración Bolsonaro contra AzMina es un ataque contra los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al usar su cuenta oficial de Twitter para condenar públicamente la revista, la ministra Alves abrió la puerta a sus seguidores para hostigar a los periodistas en las redes sociales. Ahora, los reporteros enfrentan quejas administrativas presentadas por el ministro en al menos dos estados del país, una carga injusta e innecesaria.

El acceso a información precisa sobre el aborto seguro es un derecho humano y no debe ser negado como hacen países como Brasil, Irán y Arabia Saudita, ya que puede ayudar a mantener vivas las mujeres. Las evidencias científicas muestran una disminución en las lesiones y la muerte debido al aborto inseguro cuando hay un mayor acceso a un método legal. Sabemos que el acceso a la información puede ayudar a las mujeres en entornos legales restrictivos: antes de que se legalizara la práctica en Uruguay, un programa del Gobierno ofreció a las mujeres información en establecimientos de salud pública sobre cómo usar medicamentos esenciales para un aborto seguro para reducir el daño potencial de los métodos inseguros. Las tasas de mortalidad materna cayeron a cero a través del acceso a la información.

La decisión del Gobierno brasileño de alejarse de la evidencia científica y bloquear medidas concretas para prevenir el aborto inseguro se basa en la ignorancia voluntaria. Al descuidar la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, el Gobierno solo empeorará la crisis de salud pública de las interrupciones de embarazos inseguras. Las mujeres brasileñas merecen tener acceso a las evidencias científicas a petición y sin disculpas.

 

Beatriz Galli es asesora Senior de Política y Advocacy en Ipas.

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