22/07/2019

Ana Cristina González Vélez: “Penalizar totalmente el aborto castiga a las mujeres más pobres”

La exdirectora de Salud Pública de Colombia explicó que la prohibición del aborto no cumple su objetivo, pues la práctica sigue pasando. Sin embargo, advirtió que obliga a buscar métodos que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Por Ricardo Avelar para elsalvador.com

La doctora Ana Cristina González Vélez es optimista y considera que esta generación puede motivar cambios a las restrictivas políticas de interrupción de embarazos en El Salvador.

La exdirectora nacional de Salud Pública en Colombia habló con El Diario de Hoy sobre los riesgos de la penalización total del aborto que hay en el país y advirtió que las mujeres más pobres son las más afectadas por esta política. Sin embargo, motivó a que los medios y la sociedad civil inicien una discusión honesta que desemboque en políticas más honestas y sensatas. Esto es lo que hablamos:

¿Cuál es el efecto de que en El Salvador haya una penalización total del aborto?

El primero es el efecto de inseguridad. Cuando una mujer va a interrumpir un embarazo, no importa si está totalmente prohibido el aborto, buscará una manera de hacerlo. En esa búsqueda se encuentran procedimientos inseguros. Estos tienen efectos sobre su salud, pues pueden generar enfermedad o hasta muerte. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que los marcos legales restrictivos tienen un efecto sobre la inseguridad del aborto.

El otro efecto crítico es el efecto sobre la desigualdad. En los países con total penalización del aborto, quienes pueden acceder a un procedimiento seguro son mujeres con los medios económicos y la información para no exponerse a lo que dijimos en el punto anterior. Los efectos reales de la penalización recaen sobre mujeres más pobres, menos educadas y que viven en zonas más aisladas, que son quienes finalmente terminan siendo perseguidas y criminalizadas.

¿Cómo se ve desde la perspectiva médica el argumento de que el aborto es un asesinato?

El aborto es un procedimiento que busca que la gestación no termine en un nacimiento. Lo resuelto por la mayoría de las cortes es que una cosa es la protección de la vida de una persona humana, y la única persona en esa ecuación es la mujer. En ese sentido, ella es la única portadora de derechos.

La otra es la vida en gestación o la vida potencial. La Corte Constitucional de Colombia dijo, cuando despenalizó 3 causales de aborto, que en ningún caso la protección de una vida potencial va sobre la protección de la vida de una persona y por ende de sus derechos.

Este debate sobre interrupción de un embarazo genera controversias y solo hay una forma de asegurar que los derechos de todas las personas, a favor y en contra, puedan ser protegidos, y es el escenario que permite la interrupción del embarazo. Los escenarios restringidos imponen a una sociedad entera la moral de unos pocos mientras que en escenarios que permiten interrupción le permiten a cada persona actuar de acuerdo con sus necesidades, conciencia y llevar adelante la decisión que considere más conveniente para su propia vida.

Desde una perspectiva de políticas públicas, ¿qué cabida tienen argumentos moralistas o incluso religiosos?

Yo tuve la oportunidad de ser directora nacional de Salud Pública y aprendí que en cada caso debes tener en cuenta si hay una población afectada. En este caso son las mujeres. Si lo hay, debes pensar qué causa la afectación para tomar medidas. Y el problema de los argumentos emocionales o religiosos es que son totalitarios, no dejan lugar a la interpretación u otros puntos de vista y sepultan la conversación democrática. No puedes formular una política basada en las creencias de una minoría porque tu obligación es proteger el interés de una sociedad y una comunidad. Los aspectos emocionales pueden ser parte de la conversación social pero no pueden ser el elemento que oriente una conversación sabiendo que hay muchos argumentos de política pública y derechos humanos, además de argumentos éticos. Los valores hacen parte de la conversación y quienes defendemos la despenalización total del aborto también lo hacemos con base en valores, como la convicción de que es una obligación moral de los estados proteger la vida de las mujeres y no solo como un hecho biológico: no solo impedir que mueran sino asegurar un proyecto de vida y no obligarlas a la maternidad. Si le impides a una mujer interrumpir el embarazo le creas una obligación para siempre.

Las prohibiciones no detienen prácticas “no deseadas”. ¿Cómo se mira esto en casos de aborto?

Este es el caso paradigmático para explicar que las prohibiciones no sirven. Hay mucha literatura que demuestra que la prohibición total no cumple su función, es decir que ninguna mujer deja de abortar sin importar el contexto restrictivo. Crear un delito de aborto se hace para amenazar un delito en particular y lo que está demostrado es que ese delito no detiene la práctica de abortos, pues si una mujer toma la decisión de abortar, la llevará adelante, sin importar qué tanto se ponga en riesgo su vida o qué tanto se las persiga.

En temas de salud es importante considerar que cuando existe el delito lo que sí se logra es disuadir a que las mujeres busquen ayuda y estas se demoran en buscar ayuda en una institución de salud porque tienen miedo a la denuncia o que las persigan, apresen o maltraten y eso hace que cuando llegan a las instituciones de salud probablemente es muy tarde para ellas.

En el caso de El Salvador, ¿qué consecuencias concretas ves de la prohibición?

Nuestra región tiene los ojos puestos en los países que todavía tienen una prohibición total del aborto, como El Salvador. Uno de los efectos más importantes es la persecución y penalización de las mujeres, a quienes se les persigue. Yo no conozco otro caso de una mujer esposada en una camilla (caso Evelyn Hernández) porque los propios profesionales de salud las denuncian. La criminalización y persecución recae sobre las mujeres más pobres. La segunda es que se le quita al doctor de su función principal y se lo convierte en parte del cuerpo policial porque se lo pone en el juego de denunciar a las mujeres aunque no se hayan realizado abortos, porque sospechan que hubo un aborto o porque sospechan que cometió un delito cuando esto le compete a una autoridad judicial.
Y me parece que el efecto más extremo es llevar esta interpretación de la prohibición a situaciones como los embarazos ectópicos. Me he enterado que a mujeres con embarazos ectópicos en El Salvador las dejan esperando hasta que pare el latido fetal antes de realizarles el procedimiento quirúrgico que es lo que corresponde en estos casos. Esto es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Cuando necesitas un servicio de salud de forma urgente, el servicio de salud te deja correr un riesgo exagerado.

¿Hay esperanzas de cambio en un El Salvador que ni siquiera pudo discutir incluir una asignatura completa de salud sexual y reproductiva?

Esperanza tiene y mucha. Me parece que se abrió una compuerta para la conversación pública sobre el aborto. A los argumentos emocionales, falsos o solo religiosos les sumaremos argumentos de salud pública, derechos humanos y también la ética, y creo que esa conversación pública movilizará a las personas a tener condiciones para que los legisladores respondan a una demanda ciudadana.

¿Es el modelo de causales el primer paso en la dirección correcta y cuáles deben ser los mínimos no negociables?

La política pública que tiene que ver con interrumpir el embarazo siempre tiene que verse de manera integral. Esto no funciona aisladamente. Necesitamos asegurar educación sexual integral, que haya una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos que puedan usar todas las mujeres y en algunas circunstancias necesitamos la interrupción voluntaria del embarazo.

Tener causales ayuda mucho y mueve el debate, pero de todas maneras mantener el delito de aborto en el Código Penal hace que el estigma permanezca y los profesionales de salud se sientan intimidados. El modelo más garantista es eliminar el delito de aborto del Código Penal pero entiendo que las conversaciones son graduales y el mínimo con que debería comprometerse El Salvador es un esquema donde hay tres causales como la malformación fetal, la violación o la causal para proteger la vida y salud de las mujeres.

¿Cuál ha sido el efecto de los 13 años de causales en Colombia?

Los efectos son muchos y hay todavía desafíos. El primero es que hoy en Colombia habla todo el mundo del tema y cuando se ha intentado retroceder lo que tenemos, la opinión pública pide no retroceder pues las causales son un mínimo y las autoridades están comprometidas con el fallo de la Corte. Más del 70% en Colombia está convencido que la única persona que puede decidir sobre interrupción del embarazo es la mujer, no el juez, no el médico, no el legislador, sino la propia mujer. Por otro lado hemos logrado que las mujeres accedan a abortos legales y seguros.

¿Qué retos hay por delante?

Las mujeres siguen enfrentando barreras. Hay poca información sobre el marco legal, otros lo interpretan restrictivamente imponiendo requisitos que no están considerados en las normas y aún hay estigmas, pues la corte avaló el aborto en algunas circunstancias pero mantuvo el delito en el Código Penal, lo cual deja un doble estándar. Creo que como sociedad hemos acumulado suficiente información como para abrir la pregunta de qué tan útil es seguir teniendo ese delito o si mejor llevamos la conversación a donde pertenece: el sector salud, donde puedes hacer lineamientos para que las mujeres reciban atención de acuerdo a sus necesidades.

¿Es consistente esta evidencia en todos los países donde se ha avanzado en causales?

Hay efectos contundentes y consistentes. Primero, baja la mortalidad materna por abortos. Segundo, la gente dice que al despenalizar el aborto sufren las cifras y todas las mujeres van a abortar. Lo demostrado es que hay un primer pico donde suben los abortos porque mejora el registro, luego se estancan los datos y en general cae la práctica del aborto pues esto se acompaña de educación sexual, más acceso a anticonceptivos y menos estigmas.
¿Cómo hacer que a nivel social la evidencia sea más atractiva que el eslogan?

Hay tantos casos tan dramáticos de mujeres salvadoreñas que han sido víctimas de la prohibición total del aborto, que la gente se conmueve al entender los efectos de la prohibición. No siempre la evidencia es aburrida y esta discusión la debe tener toda la sociedad.

¿Tú crees que estos países son realmente conservadores o hay grupos que hacen mucho ruido y tienen gran influencia en motivar políticas públicas?

Creo que en América Latina hay países distintos. Hay unos que gracias a la educación pública laica y obligatoria son muy progresistas. En estos años, estamos viendo lo que llamo un momento de cambio cultural, donde vemos por un lado un recrudecimiento de la movilización fundamentalista y sectores religiosos ultraconservadores que no están solos, sino de la mano de algunos intereses privados y de políticos. Hay una minoría con mucho poder, pero por otro lado en este momento de choque, tenemos una fuerte movilización social de jóvenes que disputan los derechos adquiridos y nacieron con ciertos derechos y no piensa renunciar a ellos. Esa gente se está movilizando.

El Salvador tiene un nuevo gobierno. ¿Es esta una “frontera natural” que da la oportunidad de iniciar una discusión?

El inicio de un gobierno es el momento de plantear una conversación y ver qué respuesta encuentra uno en el gobierno, pues estos no son monolíticos y tienden a tener fisuras. El momento apropiado para esta conversación es cualquiera en la medida en que proponemos una conversación seria y argumentado y ese momento no se puede dilatar, pues si pensamos en el movimiento perfecto, seguiremos con las consecuencias ya mencionadas.

Si este gobierno, esta legislatura o esta Corte logran promover un cambio, ¿qué legado podrían dejar al país?

Tendrán el honor de decir que contribuyen a la reducción de desigualdades en El Salvador. Si hay una dimensión donde es paradigmática la consecuencia de la penalización del aborto es ahí, pues son las mujeres más pobres las que pagan las consecuencias de la penalización. Estos funcionarios se llevarían el legado de construir una sociedad más igualitaria.

 

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