30/10/2017

Desde la Banca XXI, Más Vida Tandil reclamó informes por los abortos y mecanismos de control en el Hospital

La agrupación Más Vida Tandil presentó en la sesión legislativa de ayer, a través de la Banca XXI, un proyecto de ordenanza para solicitar informes sobre el funcionamiento del Servicio de Interrupción Legal del Embarazo que depende del Sistema Integrado de Salud Pública y para crear la Unidad de Atención a la Mujer Embarazada, destinada a contener e informar a las mujeres dispuestas a abortar. La iniciativa tomó estado legislativo y pasó a la Comisión de Salud, donde la debatirán los distintos bloques políticos.

En la segunda manifestación pública de la agrupación -la primera había sido la movilización en contra del aborto en la Plaza Independencia, el 27 de septiembre pasado-, tomó la palabra Julieta Bosch y la acompañó, desde la barra, una decena de integrantes de la agrupación.

 

En principio, sostuvo que se vieron obligados a solicitar la Banca XXI para poner en agenda los temas vinculados al Servicio de Interrupción Legal del Embarazo y las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, con la intención de defender el derecho a la vida.

Y sobre el final, instó a los concejales a que “en su tarea como legisladores municipales, les rogamos que en cada proyecto que involucre la vida de un ser humano, sean especialmente cuidadosos a la hora de aprobar o no una ordenanza. La vida de cientos de seres humanos depende de su decisión”.

En relación a la iniciativa, adelantó que consta de dos secciones. En principio, un pedido de información sobre el funcionamiento y los resultados de la Consejería de Interrupción Legal del Embarazo del Hospital Municipal Ramón Santamarina y de las consejerías en los centros de atención primaria. En ese sentido, reclamó “datos oficiales, mecanismos de control periódicos e información pública accesible”.

En segundo término, la implementación de un servicio llamado Unidad de Atención a la Mujer Embarazada, iniciativa que cuenta con el respaldo de miles de firmas recolectadas a través de una plataforma digital y de manera manual en la ciudad.

Los argumentos

Julieta Bosch indicó que defienden la vida desde la concepción por fundamentos biológicos, legales y de la salud materna. “El dato biológico objetivable es que la vida humana se inicia en el momento del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, en la fecundación. Y decimos objetivable, porque no es cuestión de opinión, ni de ideología o religión, es lo que la ciencia ha demostrado a través de sus estudios”, aseveró.

Resaltó que desde ese momento, comienza la vida de “un nuevo ser, único, irrepetible y autoconformante, con su propio código de ADN, distinto al de la madre. Este código genético será el mismo desde la primera división celular hasta la vejez. El embrión, el feto, el neonato, el niño, el adolescente, el joven, el adulto o el adulto mayor son etapas que atraviesa un ser humano durante su vida, conservando su mismo ADN desde la concepción. El Estado y ustedes, como sus representantes, tienen la obligación de velar por su derecho a la vida”.

En el aspecto legal, manifestó que “el ordenamiento jurídico argentino considera persona a todo ser humano desde el momento de la concepción. Los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución, los códigos Civil y Penal, afirman este concepto” y citó el artículo 19 del Código Civil y Comercial, y los artículos 85 al 88 del Código Penal que castigan el aborto.

Además, expuso que “el artículo 86 del Código Penal establece dos causales de aborto no punible, que son la violación y el peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y si bien se establecen estos casos como no punibles, jamás puede ser considerado un derecho”.

En relación a la vida y la salud materna, destacó que si bien se dice que miles de mujeres mueren a causa de los abortos clandestinos, según datos del Ministerio de Salud bonaerense, en 2015 fueron 21 y en todo el país, unas 30. En contraposición, dijo que “mientras tanto, solo en la ciudad de Tandil ya han muerto más de cien niños no nacidos”.

Sumado a eso, indicó que “el aborto, aún legal, puede traer graves consecuencias físicas y psíquicas para la mujer. Entre las consecuencias físicas se pueden nombrar los peligros de infecciones, hemorragias, peligro de ablación del útero, esterilidad permanente, embarazos ectópicos, placenta previa, mayor predisposición al cáncer de mama, etc”.

En cuanto al aspecto psicológico, mencionó el síndrome postaborto, ansiedad, depresión, desórdenes alimentarios, pensamientos suicidas recurrentes, adicciones, autoagresiones, cambios repentinos de estados de ánimo, pensamientos recurrentes sobre su hijo muerto, dificultades en la relación con sus hijos vivos.

“Toda esta evidencia nos lleva a concluir que el aborto no ayuda a las mujeres ni soluciona sus problemas. Más bien, les impone otra pesada carga a sus vidas de la que será muy difícil liberarse”, evaluó.

La situación
en esta ciudad

Julieta Bosch repasó que el Concejo Deliberante, en noviembre de 2015, aprobó la adhesión a la Ley Provincial 14.738 y se creó el Servicio de Interrupción Legal del Embarazo. “Sin embargo, no parece haberse previsto la forma de implementación, ni los mecanismos de control, ni tampoco si en Tandil existe personal idóneo para desarrollar esta tarea y poder cumplir con lo establecido por la ley”, cuestionó.

En esa línea, citó declaraciones periodísticas vertidas, en mayo de este año, por integrantes del servicio sobre las causales que consideran válidas para los abortos no punibles, que “exceden el espíritu y la letra de lo establecido en el artículo 86 del Código Penal”.

La referente de Más Vida Tandil lanzó una serie de interrogantes a partir de los cien abortos que se habrían realizado en el Hospital desde principio de año. Entre las inquietudes, consultó si se les ofrecieron otros medios a las mujeres para evitar el peligro en la salud y en la vida de esas madres; quién controla las acciones de la consejería; quién es responsable por la muerte de cien bebés; si el director del Hospital es responsable de la ejecución del protocolo como establece la Resolución 3146 vigente en la Provincia.

Por otra parte, interpeló a los concejales y les marcó que “votaron por unanimidad la creación de la consejería y no previeron cómo controlarla” y al intendente Miguel Lunghi, quien “avaló el nombramiento de profesionales que no son imparciales, ya que se proclaman abiertamente defensoras del aborto y militantes feministas”.

Sumado a esto, subrayó que “vemos con alarma en un sitio web que figuran todos los centros de Atención Primaria de Tandil, el Hospital de Vela y el Hospital Santamarina como espacios donde se practican abortos. En una distribución del servicio de abortos no punibles tan atomizada, ¿quién controla que se cumpla la ley y que se respeten los dos únicos causales de aborto no punibles?”.

Por último, exigió respuestas y solicitó “datos oficiales y el control periódico de esta consejería con información pública accesible. También pedimos que en caso de confirmar que esta consejería no se ajusta a lo establecido por la legislación argentina, sea dada de baja o modificada para cumplir con lo que el ordenamiento jurídico argentino establece”.

La propuesta

Ante las críticas al servicio que funciona a través del Hospital, la representante de Más Vida Tandil propuso la creación de la Unidad de Atención a la Mujer Embarazada (UAME), al considerar que “el aborto debe ser encarado como una situación no promovible desde el Estado, sino como excepcionalidad”.

Desde esa máxima, consideró que “todas las instituciones públicas deben ponerse al servicio de la vida, tanto del no nacido como de la madre, y deben ofrecer contención y ayuda que permita a la mujer superar las circunstancias en las que se encuentra sin dañar la vida de su hijo. Este proyecto les da a ustedes, señores concejales, la oportunidad para revertir y subsanar los abusos en los que pudieran haber incurrido desde la Consejería de Interrupción Legal del Embarazo”.

La idea es “ofrecer todos los medios necesarios para evitar riesgos a la salud o la vida de la madre, antes de llegar al aborto” y busca brindar “servicios confidenciales, personalizados y de carácter gratuito orientados en todo momento al fomento del bienestar integral de la mujer, ayudándola a superar las dificultades propias de un embarazo no deseado”.

En concreto, la unidad deberá facilitar la gestión de los recursos que se necesitan para la resolución de los problemas sociales, laborales o económicos existentes, así como los conflictos de las relaciones familiares y problemas de comunicación que puedan subyacer en cada caso.

En paralelo, el otro objetivo “será proteger la vida del no nacido. A ese efecto, se le asegurarán a la madre los controles prenatales necesarios, ecografías y demás exámenes requeridos para asegurar la buena salud del embrión”.

En relación a la conformación de la unidad, promueve que esté integrada por un equipo interdisciplinario de profesionales que “deben estar comprometidos en la defensa de la vida tanto de la madre como del niño por nacer”. 

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